¿Qué pasa sin prescindimos de 350.000 políticos y/o funcionarios?



Hoy toca hablar de lo publico. España ha perdido otra oportunidad de modernizarse. Si la Troika hubiese intervenido en  España sobrarían como mínimo 500.000 funcionarios que se hubiesen quedado sin trabajo y unos 50.000 políticos asesores, políticos menos también. En los planes de intervención se calculaba que el objetivo idóneo era de 1.500.000 de personas que viven a consta del esfuerzo y los impuestos de autónomos, empresarios y trabajadores por cuenta ajena.

Quizás la persona que lea esto, pensará que soy un ser depravado, que deseo el mal y las penurias a conciudadanos míos. Solo un reflexión a las personas que caigan en esa tentación equivocada: al principio de la Democracia había 600.000 funcionarios y ahora sobrepasamos los 4 millones, con un débil incremento de población y con los avances tecnológicos que permiten más productividad con menos personas: informática, etc. El empleo público se ha disparado un 28,2% en la última década es el sector económico con más plantilla del país. Estos señores no viven para dar un servicio a la sociedad, viven de la sociedad.

El problema es real, existe, Comunidades Autónomas como Extremadura y Andalucía, tienen un 30% de funcionarios. Es decir: 7 de cada 10 personas que trabajan ha de generar riqueza vía impuestos para mantener a 3.  ¿Quién es el insolidario? ¿Quién es el depravado?

Un ejemplo: El número de personas que trabaja en alguna de las tres Administraciones o empresas públicas supera al de empleados encuadrados en “el sector del comercio, la reparación de vehículos de motor y la hostelería juntos.

Demasiados y encima estorban

Lo peor de esta situación es que además convierten la tarea empresarial en España en una tarea titánica. Hace unos días se publicó el informe Doing Business de 2014, que elabora el Banco Mundial y muestra las dificultades para montar un negocio en los diferentes países del mundo. España ocupa el lugar 52 en el ranking de países con mayor facilidad para crear una empresa. España ha retrocedido 6 puestos desde el año pasado, y se sitúa por detrás de países como Rwanda, Kazajstán, o Malasia.

Entre los países de la zona euro, España aparece en decimotercera posición, sólo por delante de Luxemburgo, Italia, Grecia y Malta.

Más allá del puesto en el ranking lo que realmente nos debe preocupar no es cuánto se tarda en abrir una empresa, sino las dificultades que se encuentran las empresas que ya están en funcionamiento. En ese ranking el estudio nos coloca en el puesto 142 de 189 países.

La sobrerregulación que sufrimos en materia fiscal, laboral y mercantil, que aumenta la complejidad en la gestión; unida a la burrocratización que hacen los funcionarios de esa tortuosa legislación, es la causa.

Y, por supuesto, tenemos el problema de la morosidad, ya que las Administraciones Públicas nunca cumplen con los plazos de pago establecidos por Ley, lo que añadido a la dificultad para acceder al crédito está agravando los problemas de liquidez de autónomos y pymes. ¿Cuántos empresarios han tenido que pagar un IVA a la Administración cuando esta les debía dinero?

Los funcionarios no se dan cuenta que es necesario que las empresas generen riqueza y perduren. No vale que desvíen las culpa a los políticos, ellos son tan culpables o mas. Entre ambas castas uno de cada veinte empleados en España trabajan como funcionarios públicos o similares. Su sueldo es pagado por todos.

¿Qué pasa sin prescindimos de 350.000 políticos y/o funcionarios?

Consideraremos el cálculo como una inversión de modo que vamos a calcular el valor actual neto de la misma. Para ello, la inversión inicial es la indemnización por despido, que la rentabilidad mínima que se exige al proyecto es la rentabilidad media del sector privado, que el incremento de la renta en cada periodo es el IPC y que el flujo de caja en cada periodo es la suma de lo que dejas de pagar de sueldo más lo que dejas de pagar de paro a los nuevos puestos de trabajo que se generan por estos despidos. 

Vamos a ser conservadores y consideremos que el sueldo medio bruto de cada uno de estos empleados públicos es de 45.000€ anuales, que el IPC medio desde el año 1.941 es del 8%, que la rentabilidad media en el sector privado es del  10% y que por cada puesto público se pueden generar hasta tres puestos en el sector privado. Crearemos 1.050.000 nuevos puestos de empleo que dejarán de cobrar un desempleo de 800€.

Indemnización: 15.750.000.000 €
Ahorro anual: 21.630.000.000
Rentabilidad Industrial 10%
IPC 8%
Valor Actual Neto 1.065.750.000.000 €

Podemos valorar en un millón de millones de euros el efecto de eliminar 350.000 puestos públicos. Pero no todo queda ahí podríamos eliminar el IRPF para 2.500.000 autónomos que tuvieran un beneficio menor de 50.000€ durante 10 años como se hace en Francia, eliminar el IVA de las facturas de 2.600.000 empresas que tuvieran menos de 80.000 € de beneficios como se hace en UK, 14 veces el presupuesto en educación de 2012, 7 veces el de I+D, las pensiones durante 4 años o el de sanidad 19 veces. Más información aquí.

Así que no me hablen de la “Defensa de lo público”, no me engañen, Uds. solo defienden vivir del sudor de otros todos los días, cual sanguijuelas.

0 comentarios: